
El derecho de huelga… ¿Dónde acaba? ¿Acaso está por encima del derecho al trabajo de otros? ¿Es legítimo limitárselo a aquellos que desempeñan una labor social de primera necesidad?
Es imprescindible dar respuesta a estas cuestiones de forma tal que cualquier colectivo que convoque una huelga tenga claros los límites de su protesta y sepa a qué atenerse a priori. Necesitamos mecanismos para evitar que cualquier legítima manifestación de derechos fundamentales (de uno o varios) se convierta en un chantaje a la población general, a la sociedad o incluso a grupos ajenos a la problemática en cuestión.

Y el Gobierno, ¿Qué está haciendo?, por lo pronto ha consentido mirando para otro lado que se chantajee a trabajadores con deseo de trabajar, que se corten carreteras y accesos a centros estratégicos de distribución y logística. ¿Qué me pasaría a mí si decidiese voluntariamente cruzar mi vehículo en medio de una autopista? ¿Y a si fuese diciéndole a la gente por la calle que si van a trabajar les voy a quemar su coche? ¿Qué pasaría si realmente lo hiciese? Pues eso es lo que tiene que pasarles a estos. EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS y los PRINCIPIOS fundamentales en los que se basa nuestra convivencia no se pueden romper impunemente.
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